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El Juzgado de la Instrucción de Jimaní impuso un año de prisión preventiva contra seis personas, entre ellas dos funcionarios de la Dirección General de Migración (DGM), acusados de supuesta trata de personas en la denominada Operación Iguana.
Los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz y Juan Mateo Feliciano (Yefo) fueron enviados a la cárcel de Neyba.
Ahí también cumplirá la prisión preventiva el empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Deivi Nova Reyes, mientras que, a Dominga Guzmán, madre de uno de los acusados, se le dictó presentación periódica ante la Fiscalía, informó el Ministerio Público en un comunicado.
El juez Paco Terrero Pérez, acogió la solicitud formulada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT); declaró el caso de tramitación compleja.
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La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, desarrolló la operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos; en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Prisión preventiva contra varios acusados en Operación Iguana
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados en supuesta red de tráfico de inmigrantes y ocupó como presuntas evidencias siete vehículos; 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116,000 pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
De acuerdo a la acusación, Méndez Pérez era el supuesto cabecilla de la estructura ilícita. Este, presuntamente, distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado; en ocasión de arrestar a personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas.
También se le acusó de presuntamente sustraer las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní
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